“No debimos permitir nunca que esto ocurriera” "Se trata de dos leyes que tienen carácter internacional a las cuáles Argentina, no solo adhiere, sino que ratifica, a través del Congreso de la Nación. Estas leyes se refieren al Financiamiento del Terrorismo y a la Convención Interamericana contra el Terrorismo", dijo Patricia Walsh, diputada de Izquierda Unida.

Por su parte el diputado y escritor Miguel Bonasso, del pro oficialista Partido de la Revolución Democrática(PRD) se había opuesto en una larga exposición donde fundamentaba sus razones ante lo que consideraba una “claudicación de la que se van a arrepentir todos”, por parte de los legisladores.

Después todo fue silencio y a pesar de solicitudes y denuncias de organismos humanitarios y sectores políticos de izquierda las leyes pasaron sin levantar hojarasca.

Y esto vuelve a escena a raíz de varias movidas últimas de Estados Unidos en la región, como es la presencia y actividades de las tropas estadunidenses con absoluta inmunidad en Paraguay, además de otros peligrosos signos en Argentina.

Un grupo antiterrorista de Estados Unidos comenzará a actuar en los próximos días en el puerto de Buenos Aires para vigilar que los contenedores embarcados hacia su país no lleven materiales que pongan en riesgo la seguridad.

Esto fue confirmado por autoridades de la Administración Fiscal de Ingresos Públicos ( AFIP) a la revista dominical Perfil que se refirió a la presencia de cinco agentes de la Customs and Border Protection (CBP) que llegarán en los próximos días al país.

Aunque el acuerdo binacional habría sido firmado en abril pasado, se remonta a viejos tiempos cuando gobernaba el ex presidente Carlos Menem(1989-1999) y su ministro del Interior Carlos Corach se había convertido en el mayor activista por la causa estadunidense de lucha contra el terrorismo firmando “convenios de seguridad”, muchos de los cuáles son desconocidos para la población.

A mediados de los años 90 Corach encabezaba en América Latina las ofensivas estadunidenses destinadas a acordar paquetes de medidas políticas y operativas más abiertas o secretas para supuestamente erradicar el terrorismo y narcotráfico. En 1995 durante una serie de reuniones en Washington con la CIA y el FBI, Corach acordó con Samuel Banks , director de Aduanas de Estados Unidos el proyecto de intervención y decomiso de contenedores en los puertos locales. Esto es lo que se ha puesto ahora en marcha.

Fue Corach uno de los más fuertes lobbystas de la CIA también en el tema de la Triple Frontera(Argentina, Paraguay y Brasil), donde se mencionaba (1995) la necesidad de “expulsar a los asentamientos fundamentalistas” radicados allí, en referencia a familias árabes que casi todo el siglo pasado viviendo en Paraguay y que se dedican al comercio en la zona libre.

Tanto Estados Unidos como el Congreso Judío Mundial exigieron un “mayor compromiso” de Argentina y sembraron argumentos, sin prueba alguna, con la finalidad de poblar de servicios de inteligencia el lugar y con el trazado de algún asentamiento militar en esa zona estratégica, además muy rica en biodiversidad.

El arribo de estos comandos de vigilancia aduanera, que traerán al país tecnología de última generación, es observado con enorme preocupación por los organismos humanitarios. También estos levantaron la voz ante un proyecto de diputados del Partido Justicialista para permitir al gobierno derribar aviones que puedan llevar incluso pasajeros y que entren al territorio sin identificarse. En ese caso el presidente designaría un funcionario que estaría encargado de dar la orden en minutos, sin necesidad de comunicarlo al gobierno. Dado los antecedentes en la región esto es otro proyecto muy grave y fue instalado por presión estadunidense.

Otro tema de la denuncia es la constante acción de Washington para una radarización vigilada por el Pentágono y para el retorno a las grandes maniobras como las Cabañas 2000 que significaba entrenar tropas latinoamericanas para actuar en cualquiera de los países de la región bajo el mando del Comando Sur estadunidense.

A todo esto se une la instalación junto a las tropas con inmunidad en Paraguay de la oficina regional del FBI, y “como cartón lleno en este juego de una invasión sin disparar un tiro”, como lo califican algunos analistas, también se inscriben las advertencias del experto en terrorismo que trabajó para la Cia, Jerry Kloski.

Ante funcionarios argentinos en un encuentro por el tema del terrorismo en Washington, Kloski sostuvo que "Argentina sufre las consecuencias de lo que ocurrió en la década del 70 ..... la opinión de la derecha extrema y moderada fue eliminada y se percibe como ilegítima, mientras que la opinión predominante proviene de la izquierda". Y agregó que "por lo tanto uno tiene un grupo en el poder que no confía en las fuerzas de seguridad".

La corresponsal de clarín en Washington Ana Barón sostiene en su informe que Kloski dijo que "los piqueteros(desocupados) han pasado de ser un movimiento popular de protesta legítima a un movimiento que ya no es legítimo que podría ser muy fácilmente infiltrado por terroristas”.

Kloski, quien dirige una empresa que vende servicios de seguridad, mencionó la presunta presencia de miembros de las FARC, (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que según él “han estado infiltrando laboratorios químicos en Argentina”. De todo esto no existe prueba alguna.

En cuanto a las leyes aprobadas en marzo se recuerda que “la gravedad de esta situación radica en que nunca se determinó a qué se refiere el término terrorismo, tan ambiguamente utilizado por Estados Unidos y especialmente en un país como Argentina, donde 30 mil personas fueron desaparecidas en nombre del combate al terrorismo en tiempos de la Guerra Fría. No sabemos de qué se trata la norma de esta ley que habla de "prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo", sin explicar sobre lo que se está hablando.

Las normas que son tomadas como marco de la ley "antiterrorista", son diversos convenios y convenciones, mientras que en el artículo 3 se especifica que "cada Estado parte" tendrá que esforzarse "por ser parte de los instrumentos internacionales" mencionados y tomará medidas tales como el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados".

“Para facilitar la extradición de los presuntos terroristas, los gobiernos se prestarán asistencia jurídica mutua y "ninguno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo será considerado "un delito político o un delito inspirado por motivos políticos y no existirá a posibilidad de asilo político del supuesto "terrorista", señala la denuncia.