LLAMADO URGENTE DEL MOPASSOL

La reciente masacre de integrantes de la comunidad miskita en el Río Patuca, en Honduras, el pasado 11 de mayo cuando dos helicópteros de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA en sus siglas en ingles), dispararon sobre una canoa en la que viajaban los campesinos matando a dos mujeres embarazadas, dos hombres e hiriendo gravemente a otros cuatro, evidencia no sólo la continuidad del terrorismo de Estado impuesto por el golpe militar de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, sino también la trágica ocupación militar norteamericana en ese país.

Detrás de este ataque que “se investiga” en Washington -según se informa- no sólo se advierte la militarización estadounidense de Honduras, con cinco bases y centros de operaciones además de Palmerola (estratégica para la IV Flota) sino que se trata de un ataque directo contra los miskitos, para facilitar la ocupación de la zona y la imposición del corredor mesoamericano de agrocombustibles.

 

Los asesinatos cotidianos de campesinos, dirigentes sindicales y políticos, maestros, estudiantes y periodistas – en este caso suman  25 asesinados desde principios de 2010- permiten comprobar que el actual gobierno de Porfirio Lobo, surgido de elecciones convocadas y digitadas por los militares golpistas de  junio de 2009, es sólo una continuidad de esa dictadura.    Los asesinatos cometidos por la fuerzas de ocupación en este país son cotidianos y evidencian que ése es el proyecto-guión de Estados Unidos para América Latina, si los dejamos avanzar. La tasa de crímenes alcanza al 86,5 por ciento por cada cien mil habitantes. Se estiman alrededor de 700  homicidios mensuales y unas  20 víctimas diarias.  El 55 por ciento de los homicidios ocurrieron en la zona norte del país (Atlántida, Cortés y Francisco Morazán). El 84,6 por ciento con armas de fuego, Y en casi el 28 por ciento de los asesinatos participaron sicarios.

 

Se conoce que hay asesores israelíes, paramilitares y sicarios colombianos, después de un acuerdo de los golpistas con el ex presidente  de Colombia Alvaro Uribe, así como ex militares argentinos y de la Fundación Uno América, que participó activamente en el golpe. Centenares de personas han sido detenidas y torturadas. Pero al no poder doblegar la resistencia y al entender que  no tienen posibilidad de ganar en nuevas elecciones, la represión aumenta cada día. No podemos dejar solo al pueblo hondureño. Es nuestro deber pronunciarnos solidariamente ante las enérgicas denuncias que realizan las organizaciones populares de Honduras, denuncias que la gran prensa silencia de manera sistemática.

 

Lo más grave, en el caso de los miskitos fue el intento de justificación de esos asesinatos  por parte del  Director de la Policía Nacional,  Ricardo Ramírez Cid, quien dijo que ”hubo un intercambio de disparos en la escena”. Aún  cuando se observó que las víctimas estaban desarmadas y los sobrevivientes hospitalizados en La Ceiba relataron que les dispararon a mansalva  con ametralladoras y  granadas.  Lo mismo sucede con los crímenes y amenazas contra los campesinos del Aguán. El pueblo miskito es uno de los más golpeados por la tragedia de la ocupación de ese país centroamericano, así como por la corrupción policial y militar en el tema del narcotráfico, además del  feudalismo imperante en esa zona del país, sumida  en una enorme pobreza. Hay más de  1700 lisiados y decenas de muertos en la comunidad miskita.

 

El diario New York Times en su edición del pasado 5 de mayo encabeza un artículo señalando que la “Armada de los  Estados Unidos, usando lecciones del conflicto de la década pasada (Irak) en la guerra que está siendo peleada en la selva miskita, ha construido un    campamento (centro operativo) con poca notoriedad pública pero con apoyo del gobierno   hondureño”. El citado artículo reconoce la instalación de tres “bases de operaciones de avanzada” ubicadas en Mocorón, Puerto Castilla y El Aguacate”.

 

El Comando Sur del Pentágono está auspiciando en toda Centroamérica lo que llaman “estados fallidos” para justificar las intervenciones en nombre de la seguridad nacional, el viejo esquema con que sembraron dictaduras en todo el continente en el siglo XX. En esa dirección apuntan los “acuerdos de seguridad” que Estados Unidos viene estableciendo con los países de la región.

 

A la situación de Honduras que se agrava cada día sumando ya miles de muertos, se suma la tragedia mexicana, sobre la que se extiende un silencio cómplice. Desde que México firmó con Estados Unidos el Plan Mérida en el año 2006 (una réplica del Plan Colombia) y Washington envió armas y asesores para una supuesta guerra contra el narcotráfico, más de 55 mil personas han sido secuestradas y asesinadas en forma atroz, sembrando el terror en el norte de ese país. Existen unos diez mil desaparecidos. Las Fuerzas Armadas intervienen directamente en el conflicto y nadie ignora a esta altura de los acontecimientos que  la mayoría de esos muertos nada tienen que ver con el narcotráfico y que Estados Unidos entregó armas a los grupos paramilitares como los Zetas, como se ha descubierto investigando la Operación Castaway (Operación Náufrago ) o Rápido y Furioso.

 

Supuestamente, se trataba de una operación encubierta de la DEA para entregar armas y “conocer” las vías del contrabando. Pero esas armas fueron a  parar a manos de los paramilitares mexicanos, que se entrenan en tortura con la población civil, y con inmigrantes que van hacia Estados Unidos y son asesinados y despedazados, como se ha visto en la aparición de cadáveres en distintos lugares.

 

México ha sido convertido en un estado fallido, y caótico que según políticos republicanos amenaza ahora “la seguridad de Estados Unidos”, y por lo tanto podría ser pasible de una intervención, especialmente si en las elecciones próximas no ganan sus “elegidos” como gobernantes. Las armas de EE.UU también fueron para las “maras” creadas en ese país y luego enviadas a sus países de origen, tanto El Salvador como Honduras y Guatemala, con la finalidad de mantener el crimen y el caos.

 

Honduras bajo  terrorismo de Estado encubierto y Guatemala, donde el feminicidio y la violencia del viejo militarismo y paramilitarismo contrainsurgente se potencia con la llegada a la presidencia de un oficial de los “Kaibiles” la fuerza especial más brutal de todos los tiempos,  preparada en Estados Unidos y autora de crímenes de lesa humanidad y  de desaparición de aldeas enteras, cuyos pobladores fueron eliminados.

Estos integran la cifra de más de 90 mil desaparecidos durante las dictaduras militares guatemaltecas, la más alta de América Latina considerando además la población de poco más de diez millones de habitantes.

 

Esta es parte de la realidad centroamericana, a lo que se añade el gobierno derechista de Panamá, que ya ha producido matanzas indígenas, persecución de trabajadores y firmado con Estados Unidos la instalación de doce bases militares y centros operativos rodeando todo el país, que había logrado liberarse del Comando Sur a fines de 1999.

 

La tragedia ilimitada en Centroamérica se continúa con la virtual ocupación de Colombia con por lo menos ocho bases militares  extranjeras y un terrorismo de Estado encubierto desde hace años y ahora  en una supuesta “Democracia de Seguridad”, donde continúan las matanzas militares y paramilitares día por día y se impide cualquier proceso de paz que signifique  producir un verdadero cambio en ese país. Colombia es el país de América Latina que junto con Guatemala, tiene la mayor cifra de muertos y desaparecidos del continente a lo largo del siglo XX y  lo que va del XXI.

 

Ante esta realidad, a lo que se unen los tratados de libre comercio firmados con varios gobiernos de la región, la invasión de las agencias de Estados Unidos en el continente y la militarización de la región en ascenso, con las consecuencias sociales y políticas que estamos viendo, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol), llama a organizaciones populares a extender su solidaridad y realizar actos y demandas para detener la masacre de pueblos hermanos y denunciar los graves  peligros de una profundización de la intervención extranjera, que inevitablemente se extendería hacia todo el continente.

 

Es hora de decir basta al crimen y detener la guerra de baja intensidad, la invasión silenciosa de las fundaciones del poder imperial y la militarización que intenta una recolonización regional en el siglo XXI.

 

Buenos Aires, Argentina, 23 de mayo de 2012

 

 

Mopassol, Paso 493, 3º B, CA de Buenos Aires. TE 54 11 4951 4985

www.mopassol.com.ar

 

 

 

 

 

9 Responses to “La intervención criminal de Estados Unidos en Honduras, México y América Central”

  1. [...] por MOPASSOL, Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos [...]

  2. [...] La intervención criminal de Estados Unidos en Honduras, México y América Central MOPASSOL (…) Detrás de este ataque que "se investiga" en Washington -según se informa- no sólo se advierte la militarización estadounidense de Honduras, con cinco bases y centros de operaciones además de Palmerola (estratégica para la IV Flota) sino que se trata de un ataque directo contra los miskitos, para facilitar la ocupación de la zona y la imposición del corredor mesoamericano de agrocombustibles… [...]

  3. [...] Fuente: http://www.mopassol.com.ar/archives/357 Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post. [...]

  4. Greg McCain dice:

    Aviso de Prensa

    Delegación de Activistas de Derechos Humanos documenta la participación de los Estados Unidos en la masacre de población Miskita

    Tegucigalpa, 27 de Mayo del 2012

    Contacto: Karen Spring, 9507-3835 (Honduras
    Annie Bierd, 202-680-3002 (En Washington, D.C.)

    El 22 y 23 de Mayo una delegación de activistas de derechos humanos de Estados Unidos organizada por Rights Action y Alliance for Global Justice visitó la comunidad de Ahuás en la región de la Moskitia en Honduras. La delegación presenció una atmósfera de terror siendo generada en medio de la pobreza extrema de la zona donde la población indígena ahora está perdiendo el control de los recursos naturales que son clave para el desarrollo de su economía.

    El grupo investigó sobre la masacre del 11 de Mayo del 2012 de pobladores indígenas miskitos en un tiroteo por parte de helicópteros titulados al Departamento de Estado de los Estados Unidos que el gobierno estadounidense confirma transportaba agentes de la DEA y contratistas de seguridad. El bote y sus pasajeros casi habían completo un viaje de ocho horas hacia Ahuás desde el pueblo de Barra Patuca. Cuatro fueron asesinados, incluyendo dos mujeres embarazadas, un joven de 14 años y un hombre de 21 años, así mismo cuatro o más fueron heridos gravemente.

    Luego de la masacre al menos un helicóptero aterrizó y por lo menos diez hombres angloparlantes altos de piel clara y poca habilidad para hablar español, vistiendo uniformes militares salieron de los helicópteros para recoger cocaína de un bote cerca del sitio de la masacre. Apuntaron sus armas, amenazaron con matar y esposaron residentes de la aldea quienes llegaron a asistir a los heridos. Las víctimas permanecieron en las márgenes del río y en el bote dañado hasta que los helicópteros se retiraron. De esta manera las fuerzas de seguridad retrasaron la asistencia médica de emergencia por dos o tres horas.

    Ni las autoridades de Estados Unidos ni de Honduras han entrevistado a los testigos oculares o recolectado evidencia en la escena del crimen, indicando que no se ha llevado a cabo una investigación seria luego de la masacre. Aún sin conducir una investigación formal los oficiales de Estados Unidos y Honduras han acusado a las víctimas, a la población en general y a las autoridades locales de participar en el tráfico de drogas.

    Desde la masacre Ahuás ha sido ocupada por varias docenas de tropas hondureñas, y se reporta que la presencia militar estadounidense en las cercanías de Ahuás está aumentando. Las autoridades del gobierno de Estados Unidos reconocen que se están utilizando tácticas de contrainsurgencia a medida que identifican a las comunidades indígenas como narcotraficantes. Las comunidades indígenas en Centroamérica una vez se convierten en el enfoque de acciones contrainsurgentes de los Estados Unidos.

    Muchas personas con las que el grupo habló indicaron que la militarización y violencia creada a raíz de la guerra contra las droga s de los Estados Unidos está enfocada en lugar donde se encuentran valiosos recursos naturales, se sabe que Ahuás tiene importantes depósitos de petróleo y compañía tejana Texas Oil and Gas Company, una empresa conjunta con concesiones en la Moskitia, estima que hay de seis a ocho millones de barriles en reservas de petróleo en la Moskitia.

    La delegación exige una investigación formal y fidedigna incluyendo una audiencia del Congreso que identifique la responsabilidad criminal en la masacre, el retiro de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos de Honduras, y la suspensión de la asistencia militar de Estados Unidos en Centroamérica.

  5. [...] http://www.mopassol.com.ar/archives/357 Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post. Esta [...]

  6. Mario dice:

    Excelente nota, muy informativa. Solamente un detalle relacionado al título de la nota, Honduras es parte de Centro América.

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